La nueva causa que mantiene en la mira a L-Gante: ¿Iría preso?
L-Gante vuelve a enfrentar problemas legales con una nueva imputación por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Esta nueva causa se suma a su condena reciente por amenazas y daños, empeorando su situación judicial
Elián "L-Gante" Valenzuela vuelve a estar en el ojo del huracán judicial. A un año y medio de su detención en Moreno, el cantante enfrenta una nueva imputación por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. La causa, identificada como N° 32370/2024, está radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, bajo la conducción del juez Martín Alejandro Ramos, con el fiscal federal Sebastián Basso como impulsor de la acusación.
La denuncia, presentada hace cuarenta días por una fundación dedicada a la recuperación de víctimas de trata, tomó fuerza tras una investigación preliminar realizada por la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX). Los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mangano encontraron indicios suficientes para remitir el caso a la fiscalía de Morón.
El origen de esta causa se remonta a un operativo realizado el 6 de junio de 2023 en la vivienda de L-Gante, en Moreno. Según los denunciantes, durante ese allanamiento se habrían fraguado actas y ocultado pruebas relevantes, incluyendo la presencia de dos menores, MJM y MCM, en el lugar. Además, señalan que un arma clave en otra causa por privación ilegítima de la libertad nunca fue encontrada, lo que habría permitido al músico eludir una pena más severa.
Esta imputación llega poco después de que el Tribunal Federal en lo Criminal N° 3 condenara al artista a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y daños, complicando aún más su situación. A ello se suma el temor por posibles represalias que expresaron los denunciantes, quienes acusan al entorno de L-Gante, conocido como "La Mafilia", de prácticas intimidatorias.
Jorge Zonzini, representante mediático de los denunciantes, denunció irregularidades en el operativo de 2023, señalando una presunta connivencia entre policías y empleados judiciales que podría derivar en la nulidad de ese procedimiento.
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