Juzgan a la policía que dio falso testimonio en el crimen de Cintia Fernández

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Gimena Antonia Núñez como autora de los delitos de falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso real .

La audiencia será con Tribunal colegiado, integrado por los jueces María Cecilia Flores Toranzos, Gabriela Romero Nayar y Marcelo Rubio, y está previsto que comience el próximo lunes 29 de abril y se extienda hasta el próximo 8 de mayo.

Para la primera jornada, se encuentra citado el procurador general Pedro García Castiella en calidad de testigo. Prestará declaración de manera presencial, no haciendo uso de la posibilidad de hacerlo por escrito. García Castiella se desempeñaba como abogado querellante de la madre de Cintia Vanesa Fernández.

Núñez fue citada el 15 de mayo de 2019 como testigo a la audiencia de debate por el homicidio de Cintia Vanesa Fernández ya que el día del hallazgo (mayo de 2011), se desempeñaba como jefa de uno de los grupos investigativos que conformaban la Unidad de Seguridad Personal en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia, con competencia en la investigación de homicidios.

En función de su declaración bajo juramento de ley, habría quedado demostrado que existió un claro direccionamiento de la investigación del homicidio de la joven. Esto se demuestra a través de las omisiones en el informe de la imputada, la falta de cumplimiento de diligencias investigativas básicas, las anotaciones con la intención de vincular a otra persona en el hecho, desprestigiar a la víctima y a su madre, así como de desdibujar la responsabilidad de Mario Federico Condorí, quien actualmente está condenado.

En el extenso requerimiento, el fiscal Ramos Ossorio cita diversos testimonios vertidos durante la audiencia de debate por la madre de la víctima, efectivos policiales y otras personas, donde se evidencia que la Oficial de la Policía de la Provincia, afectó directamente la administración de Justicia al impedir y perturbar tanto la individualización del verdadero responsable del homicidio, como la reunión de elementos de convicción tendientes a reconstruir el hecho delictivo. Su accionar tanto comisivo como omisivo, se dirigió a facilitar la impunidad de Mario Federico Condorí, a quien conocía y con quien había trabajado en forma previa.