Condenaron a ex jefe de la policía de Salta: fue represor en la última dictadura

El represor Juan Carlos Alzugaray ha sido condenado nuevamente, esta vez por las torturas infligidas al militante político Eduardo José Porcel, quien estuvo detenido de manera irregular durante más de siete años, a partir de febrero de 1975. La sentencia fue dictada el pasado jueves por el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 de Salta, conformado en esta ocasión por las juezas Gabriela Catalano, Alejandra Cataldi, y el juez Federico Díaz.

El tribunal decidió de manera unánime imponer a Alzugaray una pena de cinco años de prisión, considerándolo autor material del delito de imposición de tormentos, agravado por tratarse la víctima de un perseguido político. Además, se reconoció la detención ilegal de Porcel y los tormentos sufridos durante su paso por diversos centros de detención en la provincia y en el país como crímenes de lesa humanidad.

A pesar de que Alzugaray también fue juzgado por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, el tribunal lo absolvió aplicando el principio de la duda. La fiscalía, representada por Carlos Amad y Juan Manuel Sivila, había solicitado una pena de ocho años de prisión por ambas acusaciones. Por su parte, el defensor oficial Federico Petrina abogó por la absolución de su cliente o, en su defecto, por una condena de dos años de prisión en suspenso. Finalmente, el tribunal se inclinó por la posición de la fiscalía, aunque impuso una pena menor.

Durante el juicio, antes de la deliberación, la jueza Catalano preguntó a Alzugaray si deseaba hacer alguna declaración, a lo que el represor respondió que no, alegando que todo lo necesario ya había sido dicho por su defensor.

Alzugaray, de 76 años, ha sido una figura recurrente en los testimonios de los sobrevivientes del terrorismo de Estado en Salta, recordado por su rol violento como inspector de la Policía Federal y alcaide del Servicio Penitenciario de la provincia. En 2011, fue condenado a 20 años de prisión por su participación en la Masacre de Palomitas, donde 11 detenidos políticos fueron fusilados el 6 de julio de 1976. Más recientemente, en diciembre de 2022, recibió una condena a prisión perpetua por el secuestro y desaparición del abogado boliviano Gustavo Manuel Medina Ortiz, ocurrido el 10 de octubre de 1975.

Además, Alzugaray está procesado por el secuestro y desaparición del prefecto mayor del Servicio Penitenciario provincial, Héctor Ramón Pérez, quien había cuestionado la Masacre de Palomitas. Pérez, que era director de Seguridad en el penal de Villa Las Rosas, donde Alzugaray dirigía la Guardia Externa, desapareció el 7 de noviembre de 1977, tras haber sido advertido sobre el peligro que corría por oponerse a la masacre.

Los relatos de ex detenidos y detenidas políticas han señalado a Alzugaray como un torturador y violador. Testimonios como los de Mirta Josefa Torres y Graciela López, ambas detenidas en 1975, lo identificaron como uno de los responsables de brutales sesiones de tortura en la Delegación Salta de la Policía Federal y en la cárcel de Villa Las Rosas. Torres narró cómo Alzugaray la golpeó, la sometió a simulacros de fusilamiento y la dejó atada bajo la lluvia. López, por su parte, relató los tormentos sufridos por otros detenidos bajo la supervisión de Alzugaray.

Durante el juicio oral conocido como Megacausa Salta, iniciado en 2012, las sobrevivientes de la represión estatal comenzaron a denunciar los abusos sexuales como una forma más de tortura. Una de ellas, que fue valiente al hablar de estos crímenes, acusó directamente a Alzugaray de haberla sometido a abusos y de violar a Marta Evangelina Botta de Linares, quien perdió un embarazo como resultado de las agresiones. Evangelina fue una de las víctimas de la Masacre de Palomitas.

Este nuevo fallo contra Alzugaray reafirma su papel en el aparato represivo que operó durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, dejando en evidencia una vez más las atrocidades cometidas bajo su mando.