Inspeccionan las fincas decomisadas al Clan Castedo: así hacía ingresar la droga

En un operativo coordinado entre distintas entidades nacionales y provinciales, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) lleva adelante una inspección de las fincas "El Aybal" y "El Pajeal", ubicadas en el departamento de San Martín, cerca de la frontera con Bolivia. Estas propiedades, que abarcan aproximadamente 23 mil hectáreas, fueron decomisadas al conocido "Clan Castedo", una organización condenada por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos.

El operativo

La inspección comenzó ayer y se extenderá hasta mañana. Está a cargo de la Dirección de Asuntos Contenciosos, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Unidad Bienes Decomisados" y la Dirección de Despliegue Territorial de la AABE. Participan Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y el Gobierno de Salta, bajo la supervisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N°1.

El procedimiento responde a una solicitud de los fiscales generales Carlos Martín Amad y Eduardo Villalba, con el apoyo de otras áreas clave como la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Contexto del decomiso

Estas fincas fueron utilizadas por el clan liderado por Delfín Reinaldo Castedo para establecer un paso fronterizo privado que facilitaba el contrabando de drogas desde Bolivia hacia Argentina. Las condenas a los integrantes del grupo, confirmadas en diciembre de 2023, incluyeron penas para Delfín y Raúl Castedo, así como para otros colaboradores clave.

En el juicio se demostró el rol que desempeñó el fallecido exdiputado provincial Ernesto José Aparicio, quien usó su influencia política para facilitar las actividades ilícitas del clan en los departamentos del norte de Salta.

Destino social y utilidad pública

El operativo también responde a la necesidad de asignar un destino social a las propiedades decomisadas. En este sentido, el artículo 305 del Código Penal y el decreto Nº598/2019 establecen que los bienes del Estado Nacional deben ser gestionados con fines útiles y de interés público, evitando su abandono o subutilización.

La sentencia del caso destacó que los inmuebles pueden ser utilizados para programas sociales, de salud y de capacitación laboral, especialmente dirigidos a los sectores vulnerables del norte salteño.