La terrible estafa que se asienta en Salta: la líder continúa arruinando vidas libremente

En una reciente emisión de "Día de Miércoles", programa conducido por Mónica Abilés, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, abordó la difícil realidad que enfrenta la justicia en casos de estafas complejas, como los esquemas piramidales o Ponzi. La fiscal destacó que "son muchas las causas que tenemos en la UDEC con esta temática", subrayando la magnitud del problema.

El caso de Agroinvert S.A. fue el primero en llegar a juicio, logrando una condena importante, pero la lucha contra estas estafas está lejos de terminar. La intervención de UDEC comenzó en 2019, cuando varias personas denunciaron haber firmado contratos de "Mutuo pesos" con la financiera Agroinvert S.A., entregando diversas sumas de dinero con la esperanza de obtener ganancias. La compañía prometía devolver el crédito en un plazo determinado, incluyendo el capital más los intereses acordados.

Este caso llegó a juicio y resultó en la condena de Alejandro Daniel Cedrón a cinco años y 3 meses de prisión y María Rosa Manzano a cinco años de prisión. Entre los casos más destacados se encuentra la financiera Ríos & Asociados, una investigación que comenzó en 2018 y que aún no ha sido llevada a juicio. "La causa de Saulo ya está requerida a juicio y tiene que fijar audiencia, y en la de Cositorto, el principal implicado está detenido", informó Salinas Odorisio. Sin embargo, la causa Ríos presenta una particularidad inquietante: la principal implicada sigue en libertad, a pesar de las evidencias y del pedido de la fiscalía para que sea encarcelada nuevamente.

La fiscal reveló que, incluso en libertad, la principal acusada ha continuado con sus actividades delictivas, adaptando sus métodos para seguir estafando. "Ella tiene todo el dinero producto de las estafas en su poder", afirmó Salinas Odorisio, destacando la gravedad de la situación y la dificultad de avanzar en la investigación con la acusada fuera de prisión. Esta libertad no solo le permite continuar sus actividades ilegales, sino que también dificulta la recolección de pruebas y testimonios.

Otro aspecto alarmante de este caso es la implicación de funcionarios de alto rango de la Policía de Salta, quienes, a pesar de estar imputados, continúan en sus funciones e incluso tienen posibilidades de ascenso. "Tenemos prácticamente 30 imputados, y funcionarios de alto rango pertenecientes a la Policía que continúan en sus funciones", expresó la fiscal, subrayando la falta de consecuencias para estos oficiales a pesar de la gravedad de la causa.

La fiscal Salinas Odorisio hizo hincapié en la necesidad de visibilizar el perjuicio que sufren los damnificados, no solo en términos económicos, sino en todos los ámbitos de sus vidas. "Por fin se ha podido visibilizar el perjuicio que sufren los damnificados, no solo por una cuestión patrimonial y económica, sino como esto repercute en todos los ámbitos de sus vidas", reflexionó, poniendo en evidencia la profundidad del daño causado por estas estafas.