Detuvieron a "Chicho" Russo, uno de los implicados en la red de trata del caso Villalba

El Tribunal Oral Federal II postergó otra vez el juicio contra el exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, y otras cinco personas imputadas por trata de personas con fines de explotación sexual. La audiencia se reanudará el 14 de marzo a las 8:30.

Los acusados, entre ellos Margarita Marisel Llanes, Mercedes Baigorria, Roberto Quintian Ramírez, Nancy Viviana Gómez y Francisco Marcelo Russo, están señalados como parte de una red de "prostitución VIP". Según la acusación, ofrecían viviendas privadas y habitaciones en hoteles para los encuentros. En agosto de 2013, en una serie de allanamientos simultáneos, fueron rescatadas varias víctimas de explotación sexual.

En la audiencia anterior, el Tribunal declaró rebeldes a Marisel Llanes, identificada como la líder de la organización, y a Francisco Marcelo "Chicho" Russo, administrador de uno de los locales. Ambos no se presentaron y se dictó la orden de captura. En la audiencia más reciente, Russo fue llevado esposado y escoltado por la Policía Federal. Fuentes del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar Soledad Cabezas, confirmaron su detención.

El proceso judicial ya ha sufrido varias demoras. Inicialmente, Villalba no pudo ser juzgado porque su abogado defensor particular argumentó problemas de salud. Luego, el Tribunal designó un defensor oficial, quien solicitó más tiempo para estudiar el caso. Finalmente, el exintendente contrató a otro abogado, pero este tuvo escaso margen para revisar la causa. El juez Domingo Batule advirtió que este cambio no garantizaba una defensa eficiente para Villalba.

Dado este escenario, el Tribunal, integrado por Gabriela Catalano, Domingo Batule y Alejandra Cataldi, consideró que la falta de una defensa adecuada podría afectar el proceso. Por este motivo, se resolvió la postergación del juicio hasta el 14 de marzo.

La causa se originó a partir de distintas investigaciones. Una de ellas, realizada por la exAFIP, detectó un desbalance entre los ingresos declarados y los gastos de algunos de los imputados. Además, hubo denuncias anónimas que alertaron sobre la existencia de una red de prostitución organizada, que operaba en viviendas y hoteles en lugar de locales nocturnos.

Según la acusación fiscal, la estructura estaba diseñada para beneficiar a los clientes y garantizar grandes ganancias a los imputados. También se hallaron conexiones con una organización que operaba en Calama, Chile. Se reunieron pruebas que indicaban que los acusados promocionaban los servicios por Internet y proporcionaban los espacios donde se concretaban los encuentros.

Para la Fiscalía, Llanes encabezaba la red y manejaba las ganancias. Se determinó que Villalba, su pareja en aquel momento, era responsable de trasladar a las víctimas para su explotación. Muchas de ellas fueron obligadas a prostituirse mediante amenazas, retención de documentos y deudas ficticias que les impedían salir del circuito.

El 15 de agosto de 2013, un operativo con allanamientos en siete inmuebles permitió rescatar a más de 30 víctimas. Se secuestró dinero, cuadernos con registros de encuentros, lencería y material publicitario. Llanes fue detenida en su casa junto a Villalba, quien intentó justificarse diciendo que solo mantenían una relación sentimental.

Entre los lugares allanados estuvieron los bares El Quijote, de Baigorria y Ramírez, y Terra Nostra, administrado por Gómez y Russo. En estos sitios también se identificó explotación sexual de mujeres rescatadas.