Condenaron a 8 personas por venta de drogas dentro del penal de Villa Las Rosas

Ocho personas fueron condenadas por integrar una red dedicada a la venta de drogas que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1 de Salta. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y permitió desarticular una organización criminal que actuaba dentro del penal y que contaba con apoyo externo.

La causa se resolvió mediante un juicio abreviado en la Sala 3 del Tribunal de Juicio, a cargo de la jueza Gabriela González. El fiscal Santiago López Soto representó al Ministerio Público Fiscal. Cuatro hombres y cuatro mujeres fueron condenados por comercialización de estupefacientes agravada por haberse cometido en un centro de detención. Todos reconocieron su participación en los hechos.

Durante la investigación, se descubrió cómo operaba la red: la droga ingresaba al penal a través de visitas, era fraccionada y distribuida entre los internos. Las transacciones se pagaban en efectivo o mediante transferencias a cuentas de terceros. Las escuchas telefónicas, allanamientos, tareas de inteligencia y vigilancia encubierta permitieron reconstruir el funcionamiento del sistema.

"Las escuchas fueron claves para conocer cómo coordinaban el ingreso, la entrega y el cobro", indicaron fuentes cercanas a la causa. También se identificó la participación de menores de edad en el traslado del dinero, lo que expuso la utilización de personas en situación de vulnerabilidad.

La red estaba compuesta por dos grupos con antecedentes en delitos graves, que se organizaban con roles definidos para garantizar el tráfico interno. "La maniobra tenía múltiples ramificaciones y un alto nivel de planificación", indicaron desde la fiscalía.

El operativo que permitió desmantelar la organización fue encabezado por los fiscales Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. Se allanaron siete celdas del penal y 18 domicilios, con la participación de más de 120 efectivos de distintas divisiones, como Drogas Peligrosas, CIF, Infantería y GOPAR. Se incautaron drogas, celulares, dinero en efectivo y documentación clave para la acusación.

Las penas impuestas fueron las siguientes:

Carola Alejandra Campos Arancibia fue condenada a cuatro años de prisión efectiva como partícipe secundaria. Macarena Beatriz Zalazar o Salazar recibió la misma condena, pero bajo arresto domiciliario. Marta Mariscal Ruiz también cumplirá prisión domiciliaria como coautora material.

Érica Tamara Figueroa fue condenada a cuatro años de prisión efectiva como autora del delito.

Alan Nahuel Arias recibió seis años de prisión. La unificación de su pena se postergará hasta que quede firme la prisión perpetua que ya le fue dictada.

Carlos Javier Aparicio fue condenado a seis años, que se sumaron a una sentencia anterior, dando un total de nueve años y diez meses.

Neri Julio César Carranza recibió seis años, unificados con una condena previa, lo que derivó en una pena total de once años y dos meses.

Matías Ángel Marcelino Rojo cumplirá doce años y dos meses de prisión efectiva, también por acumulación de condenas.

Según los investigadores, "la organización fue desmantelada gracias a una labor coordinada y sostenida en el tiempo". La causa dejó al descubierto una estructura compleja que operaba desde uno de los lugares más vigilados de la provincia.