Salteño se fue de boca, cayó la Policía y le "tiernizaron las costillas" a golpes

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales imputados por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, en calidad de autores.

Las imputaciones recayeron sobre el sargento ayudante Roberto Pintos, el sargento Pablo Quispe y el cabo Sergio Aráoz.

En su denuncia radicada el 6 de noviembre de 2018, la víctima sostuvo que entre las 0 y las 0:30 de ese día, mientras estaba en su domicilio ubicado en barrio Boulogne Sur Mer y luego de un conflicto familiar en el que hubo violencia verbal, intervino el personal policial de la Comisaría 10.

El denunciante sostuvo que estaba ofuscado, por lo que discutió con uno de los policías, quien le pegó un golpe de mano abierta y le ordenó que se fuera a cambiar para llevarlo detenido. Luego, el mismo efectivo le propinó otro golpe de puño en las costillas y lo agarró del cuello.

El denunciante sostuvo que se resistió porque no había ninguna orden de detención y relató que logró soltarse por un momento porque lo había dejado sin aire, cuando nuevamente lo agarraron del cuello y lo tiraron al piso, mientras otros policías desde atrás lo agredieron con golpes de puño en las costillas y le pegaron patadas en las piernas. Tras esto, lo esposaron y lo tiraron a la caja del móvil, donde lo llevaron boca abajo, le pisaron la cabeza y le apoyaron una rodilla en la espalda, hasta llegar a la comisaría, donde le pegaron golpes de puño en el rostro.

En sus fundamentos, la fiscala penal Simesen de Bielke, sostuvo que aun cuando en el presente caso, se alegare una cierta resistencia a la detención del personal policial, la fuerza ejercida por los acusados fue desmedida, lo cual se desprendió con claridad de las múltiples lesiones que fueron constatadas en la humanidad del denunciante, quien resultó lesionado en el rostro, tórax, rodilla, brazos y manos.

Así, se tiene que los funcionarios policiales, con la obligación de velar por la seguridad del detenido, llevaron a cabo conductas totalmente contrarias a lo que se espera de ellos; pues, en la situación de encierro, produjeron actos vejatorios hacia a integridad física del denunciante.

Por último, huelga recalcar que el Estado Argentino se ve en la necesidad de intervenir activamente en el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1984), destacando que se ha comprometido a adoptar todo tipo de medidas, incluyendo judiciales, que sean eficaces para impedir este tipo de actos.