La cuestión de la vivienda en Salta y un programa de salida

Desde principios de año, se produjo una explosión de ocupaciones de tierras en la provincia de Salta. Lejos de responder a este enorme reclamo, 39 de estos asentamientos fueron desalojados con la represión por el gobernador Sáenz. Dos meses después se anunció el Plan Mi Lote, como resultado del fracaso de la variante represiva.

Sin embargo, el Plan Mi Lote no tiene plazos de comienzo de urbanización de tierras, ni presupuesto fijado verificable. Lo único real es la extorsión a las familias ocupantes de sancionarlas con la proscripción de este plan.

Aun así, el anuncio desnuda la crisis de vivienda: para 10.000 lotes anunciados, se inscribieron 30.000 familias. También desnuda la inviabilidad del gobierno para resolver el problema: un plan de tres años constituido solo por terrenos fiscales. ¡Pero ni siquiera hay 10.000 terrenos fiscales en la provincia! Denunciamos que este "plan", sin determinación de presupuesto para compra o expropiación de terrenos, es una cortina de humo para desalentar la ocupación de tierras ociosas destinadas a la especulación inmobiliaria.

El derecho a la vivienda se contrapone con la política de uso de la tierra de los últimos 3 gobiernos.

Desde los 12 años del romerismo, y los siguientes 12 de Urtubey, la concentración de grandes extensiones de tierra rural destinada a la soja y a la producción agropecuaria exportadora, con introducción de tecnología, produjo expulsión de mano de obra, desocupación y el hacinamiento de esas familias en los suburbios de las ciudades, en busca de trabajo. El mismo fenómeno fue la causa de la destrucción de más de medio millón de hectáreas de bosque nativo y del avance represivo del Estado sobre las comunidades aborígenes, que fueron desalojadas de las zonas productivas. Todo esto fue posible por un proceso de rapiña y saqueo, organizado por medio de una asociación ilícita del romerismo en el gobierno, que se enriqueció apropiándose de centenares de hectáreas, beneficiando también a un puñado de grandes grupos sojeros, nativos y extranjeros; como Olmedo, con la entrega de 150.000 has de Salta Forestal y otro tanto a Cresud, del grupo Elstain. .

El encarecimiento de la tierra se potenció cuando en las ciudades de mayor concentración de actividades económicas y turísticas, los especuladores inmobiliarios se fueron apropiando de las tierras urbanas con servicios, para construir hoteles y edificios de altura, con la consiguiente expulsión de las familias trabajadoras del centro hacia la periferia sin servicios, con deficiente cobertura de transporte público, escuelas y hospitales. Esto se tradujo en el encarecimiento de la tierra urbana y el incremento de los alquileres, al mismo tiempo que los ingresos de los trabajadores caían por debajo de la canasta de indigencia.

La pandemia agravó esta crisis

En la cuarentena, la mitad de población de Salta, dependiente de la changa y el trabajo precarizado, resultado de 25 años de una economía exportadora y turística, no pudo salir a trabajar y se vio impedida de seguir pagando el alquiler.

En esta crisis, el Estado era el único que podía garantizar un ingreso subsidiado para esas familias trabajadoras, tal como lo planteó el Polo Obrero desde el comienzo de la pandemia. Y el acceso a plan de lotes populares urbanizados por el Estado.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández anunció un plan de 5.000 viviendas populares y 2.000 lotes para más de 3.000.000 de familias sin vivienda, al tiempo que lanzaba a Berni en la provincia de Buenos Aires a desalojar a las familias de Guernica, y a otras ocupaciones. En consonancia con ese desalojo brutal, el gobierno de Salta retomó la variante represiva con la detención y armado de causas al delegado del asentamiento de ampliación Parque La Vega, Yuthiel Alderete, que es un verdadero rehén del gobierno para presionar a las familias asentadas, que, sin embargo, se siguen organizando y movilizando.

Vamos por un gran movimiento de los sin techo para imponer el derecho a la vivienda

La experiencia de las familias empobrecidas en los 25 años del gobierno de la oligarquía y los especuladores inmobiliarios es que solo se puede acceder a un techo a partir de ocupar tierras. El método de la acción directa ha sido expropiado por el punterismo pejotista y las corrientes piqueteras asociadas a los gobiernos de turno, para imponer el control de los trabajadores y la administración del reparto. El resultado es una adaptación al reparto de la miseria, adecuado al ajuste capitalista impuesto por estos gobiernos y un obstáculo para la organización independiente del Estado.

Esto plantea a los trabajadores la tarea de organizar una dirección que imponga una política de viviendas con acceso universal para las 70.000 familias sin techo de la provincia. Y la concreción de un impuesto a las grandes fortunas para aplicarlo a resolver este reclamo.

La insuficiencia de tierras públicas para urbanizar en loteos populares requiere la conformación de un Banco de Tierras públicas y privadas, estas últimas expropiadas por el Estado. El derecho a la vivienda de esas familias es superior al derecho a la propiedad privada de un puñado de especuladores.

Con el Polo Obrero llamamos a todas las familias a organizarnos para imponerlo. Y al mismo tiempo, presentaremos, a través de la bancada del Partido Obrero, un proyecto de expropiación de 90 hectáreas (aproximadamente 4.000 lotes) de tierras ociosas, en la zona sur de la ciudad.

Con esta convocatoria desde el Polo Obrero, iniciamos la campaña por tierra y vivienda en Salta.