Informe de Greenpeace señala "pocos avances en la creación de la Reserva Nacional Pizarro"

Sin embargo, en febrero de 2004 el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, impulsó una ley provincial mediante la cual se desafectó a la reserva de su condición de área protegida, con el objetivo de lotearla, rematarla y destinarla a distintas actividades agropecuarias, fundamentalmente al cultivo de soja transgénica.

El caso motivó el rechazo de la Universidad Nacional de Salta, de los habitantes de la reserva y de numerosas organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, quienes reclamaron judicialmente la nulidad de la ley de desafectación de la reserva.

Durante casi dos años, Greenpeace realizó acciones directas en la zona, bloqueando las topadoras que se encontraban desmontando, y denunció la deforestación ilegal e irracional y la quema del material forestal remanente luego de los desmontes.

El conflicto tuvo su pico de tensión cuando un grupo de compradores de la reserva se aprestaba a iniciar el desmonte en la zona. En ese momento se  intensifica la campaña y la Administración de Parques Nacionales manifiesta su interés en incorporar a Pizarro a su jurisdicción.

Así, el 29 de septiembre de 2005 el presidente Néstor Kirchner se comprometió a intervenir en el caso, luego de recibir a una delegación de la comunidad wichi que vive en la reserva, acompañada por numerosos artistas.

El acuerdo. A fines de 2005, la Administración de Parques Nacionales (APN) firmó un acuerdo con el Gobierno de Salta para la creación de una nueva Área Protegida Nacional en General Pizarro, cuya superficie será de 21.298 hectáreas; algunas de ellas compradas por la APN y otras cedidas por la provincia. Dentro del acuerdo, la comunidad wichi pasará a ser propietaria de 800 hectáreas dentro de las 4.230 que compró la APN. Parque Nacionales cedió esas tierras a la comunidad en comodato, figura temporaria hasta la escrituración definitiva.

Asimismo, se acordó sumar otro lote de la reserva, bajo litigio limítrofe con Jujuy, sobre el cual la provincia de Salta se compromete a incorporar también ese territorio a la nueva configuración del área protegida, que se constituirá de la siguiente manera:

• 6.232 hectáreas de la zona previamente reservada por la provincia de Salta, parte de cuyos territorios están en litigio limítrofe con Jujuy. La provincia de Salta cederá al área protegida las hectáreas que le toquen al final del litigio y la Nación se compromete a que la provincia de Jujuy haga lo mismo con las que eventualmente le toquen a ella.

• La parcela 7 del ex lote fiscal 33, de 3.333 hectáreas, que será cedida por la provincia de Salta.

• Las parcelas 1 y 3, que suman 4.230 hectáreas, y que fueron compradas por la APN.

• Un pequeño lote de 276 hectáreas que conecta a las anteriores.

• 6.000 hectáreas de la finca El Chaguaral, ubicada en el departamento de Orán, que serán incorporada bajo la categoría de Reserva Privada bajo jurisdicción de la APN. Además, sus propietarios desean anexar 33.000 hectáreas también bajo su jurisdicción.

• 1.551 hectáreas más que serán restringidas del dominio de las propiedades ya privatizadas.

El acuerdo entre la Nación y la provincia de Salta implica lamentablemente el desmonte de los lotes 4, 5 y 6, pertenecientes a las empresas Everest S.A. e Initum Aferro S.A. Se tratan de 6.218 hectáreas con una restricción de no desmontar el 25% de las superficies.

Además se acordó establecer sobre el límite norte y oeste de la localidad de General Pizarro una franja de amortiguación en la que no se podrá desmontar, de no menos de 500 metros de ancho, a los fines de proteger a los habitantes del pueblo.

Con el acuerdo se asegurará la conservación de más 21.000 hectáreas de bosque nativo, de las 25.000 que originalmente tenía la Reserva Provincial Pizarro.

A éstas se sumarán posteriormente 6.000 hectáreas de la finca El Chaguaral, sobre las que Parques Nacionales tendrá jurisdicción, y otras 33.000 hectáreas de la misma finca.

Con una extensión futura aproximada de 60.000 hectáreas, Pizarro se convertirá en la primer Reserva Nacional de Selva de Transición y Chaco Seco de la Argentina, ampliándose el área del ecosistema originalmente protegido por la Reserva Provincial.

Pocos avances. El 11 de agosto de 2006, el presidente Néstor Kirchner formalizó la creación de una nueva Área Protegida Nacional en Pizarro y encabezó el acto de cesión de tierras bajo título comunitario a la comunidad wichi.

Recién cuatro años después, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, envió a la legislatura provincial la ley de cesión de jurisdicción para que se constituya la Reserva Nacional General Pizarro.

El 7 de diciembre de ese año, senadores salteños votaron a favor de la cesión de jurisdicción de estas tierras lo que permitirá, entre otras cosas, la entrega de tierras a la comunidad indígena y el desarrollo conjunto de acciones de conservación y desarrollo sustentable. Las fincas que constituirán parte de la reserva serán los lotes 1, 3 y 7, de un total de 7.589 hectáreas, a los que se les suma otras 200 hectáreas de la franja norte, conocida como el lote 16.128, lo que hace un total de 8.000 hectáreas.

Sin embargo, la Reserva Nacional Pizarro aún no cuenta con la ley nacional de creación (sólo fue aprobada por el Senado). Cabe advertir que la ley de cesión de la provincia a la Nación caduca en diciembre de este año.

La gestión del lote de 6.232 hectáreas de la zona previamente reservada por la provincia de Salta, parte de cuyos territorios están en litigio limítrofe con Jujuy, no ha tenido avances.

La parcela 7 del ex lote fiscal 33, de 3.333 hectáreas, fue cedida por la provincia de Salta.

Las parcelas 1 y 3, que suman 4.230 hectáreas, fueron compradas por la APN.  

De las 6.000 hectáreas de la finca El Chaguaral, que debían ser incorporadas bajo jurisdicción de la APN, al menos 300 hectáreas han sido desmontadas ilegalmente, encontrándose zonificadas en Categoría l – Rojo, según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.  

Los lotes 4, 5 y 6, pertenecientes a las empresas Everest S.A. e Initium Afero S.A., fueron totalmente desmontados. La franja de amortiguación, en la que no se podía desmontar, de no menos de 500 metros de ancho, no fue respetada.

Presencia de Parques Nacionales. Actualmente la Reserva Pizarro tiene su intendencia en Orán, donde se encuentra el Intendente Jorge Romero Dindorf, y cuenta con seis guardaparques y dos brigadistas en terreno.

La comunidad wichi. Los wichi obtuvieron, en calidad de comodato cedido por APN, 800 hectáreas en las tierras elegidas y reclamadas por ellos. A su vez, hacen uso de 1.400 hectáreas más de bosques del Área Protegida.

La comunidad wichi Eben Ezer, está compuesta por 13 familias de 53 integrantes. Su cacique es Simón López. Poseen doce viviendas, pozo de agua y escuela.

La escuela funciona desde abril de 2012 en el salón comunitario construido por las donaciones recibidas a través de la campaña organizada por Greenpeace y Red Solidaria. Veinticuatro niños asisten a la misma, donde tienen educación bilingüe. También funciona como comedor y para la alfabetización de adultos.

Actualmente, los wichi talan el bosque donde viven para su autoconsumo y para la venta de postes de quebracho y maderas para fabricación de carbón.

Hacen uso de la totalidad del lote 1, donde se dedican a la ganadería bovina y caprina. También realizan trabajos temporarios en deschampados.

Se han iniciado actividades de desarrollo sustentable para revertir la situación de pobreza y marginación de la población presente en el área protegida y en las zonas contiguas, como ser apicultura y huertas, pero no han prosperado, a excepción de Simón López, que posee dos hectáreas cultivadas.

Los criollos. Los campesinos criollos, que no poseían título y que fueron considerados intrusos, llevados por la presión de las autoridades y de empresarios, finalmente aceptaron ser relocalizados en diferentes parcelas. A algunos se les otorgó préstamos para establecerse, pero no se logró la desocupación efectiva de la totalidad del área. Unos pocos campesinos mantienen litigios judiciales por ser poseedores desde hace más de veinte años.  

Desmontes en el área de amortiguamiento. La zona cercana a Pizarro mantiene un alto nivel de deforestación, lo que atenta contra las funciones de amortiguamiento de los mismos.

Los desmontes en las fincas El Chaguaral, Las 86 Leguas, Santa Magadalena II y La Moraleja afectan seriamente a los bosques cercanos a la Reserva Pizarro y el corredor biológico entre ésta y el Parque Nacional El Rey.  

Dichos desmontes fueron rechazados por Greenpeace sin respuesta por parte del gobierno de Salta. 

Fuente: Parte de prensa