Alberto "ablandó" las medidas de ingreso y cualquiera puede entrar a Salta

La medida que acaba de oficializar el Gobierno Nacional es cuanto menos polémica. En un Decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y su Gabinete quedó derogado la anterior decisión adoptada por su antecesor Mauricio Macri, que restringía el acceso al país a personas con antecedentes y agilizaba su expulsión. Es decir que ablandó el ingreso de extranjeros que pueden llegar por ejemplo a Salta. 

En efecto, la Ley de Migraciones establecía que un extranjero podía ser expulsado por cometer delitos graves con pena mayor a cinco años -en el caso de los residentes-, y por cometer delitos con pena superior a tres años, en el caso de los no residentes. La modificación amplió la posibilidad de realizar el trámite de expulsión ante cualquier delito con pena de prisión. Para los no residentes, solo alcanzaba con un procesamiento firme sin ser necesaria la condena.

El Gobierno explicó que el DNU de Macri modificó "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones "que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".

Además de sostener que la política migratoria de Cambiemos no evidenció "mejoras ponderables en otros aspectos", desde la entrada en vigencia del Decreto 70 en 2017 "se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria".

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa; existiendo límites a la aplicación de las políticas migratorias que imponen un apego estricto a las garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana, cualquiera que sea la condición jurídica del o de la migrante", explica el Gobierno en la decisión publicada hoy en el Boletín Oficial y mencionó que la Corte Interamericana de DD.HH.