Más de 100 policías imputados y 37 a juicio: la fiscalía empezó a trabajar

En julio de este año, Gustavo Vilar Rey fue apartado de la Fiscalía de Derechos Humanos por los escasos resultados obtenidos. Seguido de esto, el procurador decidió reemplazarlo y en su lugar desembarcó la fiscal Verónica Simesen de Bielke.

Desde su llegada, en el período comprendido entre julio y el día de la fecha, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 101 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales, fue requerida la elevación a juicio para 37. En el mismo lapso, se registraron 409 denuncias por abusos policiales.

Según cifras aportadas por el Ministerio Público Fiscal, Vilar Rey resolvió solo el 5 por ciento de las causas ingresadas por abusos policiales en todo 2019 y el primer trimestre de 2020. De esta manera, las cifras actuales se presentan en Salta como un hecho histórico en esta problemática.

Vale recordar que desde el martes 11 de agosto, se encuentra habilitado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales. Simesen de Bielke recordó que el vínculo solo está habilitado para denuncias vinculadas con la posible comisión de esos delitos y no de otros, para los cuales existen fiscales penales comunes y especializadas, según el caso.

La fiscal recordó que entre las posibilidades para mitigar la violencia institucional, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, presentó el 1 de julio pasado, un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, estimó la fiscal que "la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía", que tiene a cargo y que no puede investigar hechos de otro tipo.

Entre los casos más resonantes, se destacan la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real.

También fue requerida la elevación a juicio contra los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo, al igual que esperan ser juzgados los efectivos policiales que le causaron la pérdida de un ojo al militar Néstor Ramón Ávalos.