Diputados piden prohibir los desmontes luego de que Salta elimine las audiencias públicas

El Frente de Izquierda se manifestó en contra de la Resolución 333/2020 de la Secretaría de Ambiente de Salta que realizó profundas modificaciones sobre los permisos para desmontar. El documento firmado por Alejandro Aldazabal, fija que las empresas que presenten proyectos con «baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social» quedarán exceptuadas de la celebración de una audiencia pública.

En igual sentido, los proyectos de manejo de bosques nativos con ganadería integrada inferiores a 1.500 hectáreas no deberán realizar evaluación de impacto ambiental y social.

Dicha Secretaría depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, conducido por el extitular del PRO en la provincia, Martín De los Ríos. En su Ley de Ambiente N° 7070, los desmontes de hasta 300 hectáreas no precisan de audiencia pública, y por lo tanto quienes buscaban superficies mayores recurrían a sucesivas unidades de 300 hectáreas para evitar los estudios y evaluaciones de impacto ambiental.

Según consignó Prensa Obrera, lo que el gobierno persigue con esta resolución es aprobar pedidos de desmonte en zonas prohibidas, flexibilizando los controles y procesos que los regulan. No obstante, ya habían establecido que las audiencias fueran virtuales/digitales, con lo que prácticamente se aseguraban que no participaran las comunidades originarias o campesinas.

Esto contraría el artículo 22 de la Ley de Bosques (Ley 26.331) se establece que para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte.

A la luz de esta avanzada, es más perentorio que la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación trate inmediatamente el proyecto de ley que plantea la prohibición y suspensión de la deforestación en Argentina -incluida aquella autorizada previamente-, presentado por la diputada Romina Del Plá del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Una moratoria de los desmontes por dos años, prorrogables, junto a la adjudicación de un poder de veto a organizaciones y asambleas ambientales para frenar las rezonificaciones truchas, es fundamental para frenar la deforestación.