Sin audiencias y con una nueva resolución: desmontar en Salta será más fácil

Otra vez los bosques de Salta corren peligro ante la nueva resolución que de alguna manera flexibiliza los desmontes y otorga permisos de tala con mayores facilidades. En principio, según lo que establece el texto de la nueva normativa, las audiencias públicas ya no serán obligatorias y se podrá determinar si se realizan, o no.

La nueva disposición se enmarca en actividades supuestamente menores, y establece un límite de no más de 1500 hectáreas para proyectos considerados de bajo impacto: manejo silvo pastoril (desmonte selectivo para producir ganadería bajo monte), "aprovechamiento forestal" (tala de madera), o de "baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social".

En este sentido, proyectos urbanísticos como el de Castellanos de la familia Patrón Costas podrían quedar solo en una decisión de oficina y no en una intervención de especialistas y de quienes siempre son los más afectados en estos avances sobre el medioambiente: los ciudadanos.

Según consignó Opinorte, la resolución 333 firmada por Alejandro Aldazábal se sirve de una interpretación de la Ley Nacional y retrocede en las exigencias dispuestas en la Ley Provincial 7070, que prevé la audiencia pública para los cambios de uso de suelo, y resulta llamativo que se justifique esta regresión en la ley Nacional de Bosques Nacional y en el flamante acuerdo de Escazú; además, habilita que los Planes de Manejos de Ganadería Integrada, en áreas de menos 1500 hectáreas, se realicen siempre sin Evaluación de Impacto Ambiental y sin Audiencia Pública.

En base a la nueva disposición, bastará con presentar una Declaración Jurada de Aptitud Ambiental, para esos aprovechamientos forestales de hasta 1500 hectáreas.

Las audiencias públicas han servido en diversos proyectos para escuchar la voz de especialistas no alineados, como también de los vecinos de los diferentes atentados ambientales que se buscaron perpetrar en la provincia. Ahora, será la "autoridad competente" quien podrá determinar si esta se realiza o no. 

Hasta antes de la normativa, Salta fue una de la provincia que más afectada se vio en el avance implacable de las topadoras sobre nuestros Bosques Nativos. Solo durante la cuarentena, un informe de Greenpeace expuso que más de 11 mil hectáreas fueron desmontadas, posicionando a Salta en el segundo lugar de provincias arrasadas.