Robo, asociación ilícita y complicidad política en el Gasoducto NEA: "El negocio de la chatarra"

Los "pasivos ambientales", como los llamó el intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, son el elemento principal de un negocio millonario que involucró a empresarios y funcionarios, en lo que ya representa uno de los saqueos más grandes en el norte argentino. En principio, se creía que el escándalo del Gasoducto NEA inició con la Resolución 1215 del 23 de diciembre de 2019, pero lo cierto es que ya en la Justicia Federal se dio cuenta de que este no fue el origen.

El 12 de noviembre de 2019, un mes antes de que Prado asumiera como intendente de Aguaray, un allanamiento dio con 14 caños, pertenecientes también a otro tramo del Gasoducto NEA. Miguel Cuellar, trasladaba el material, y señaló a Oscar Dante Rodríguez. Durante la audiencia, el fiscal Federal Marcelo Romero vinculó laboralmente a Rodríguez con quien ahora es intendente de Aguaray. A partir de esto, crece la sospecha de que la planificación del saqueo estaba planificada con antelación.

La Resolución 1215, como lo dijimos anteriormente vio la luz el 23 de diciembre de 2019, a 13 días de la asunción del nuevo intendente. Jorge Enrique Prado dejó en manos de la empresa OSYP S.A de Daniel Alos, otro de los imputados. Una investigación realizada por el abogado Sergio Heredia expuso que además del gasoducto, el plan de saqueo contemplaba la planta petrolera de Ñacatimbay. Con documentación, el letrado asegura que el primero bosquejo de la resolución que redactó Héctor Marcelo Tejerina incluía la palabra "planta" que a posterior fue removida.

Heredia, dialogó con Que Pasa Salta y explicó que dichos documentos provienen de la computadora de la Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Aguaray en fecha 20 de diciembre del año 2.019. Como si esto fuese poco, un requerimiento del intendente Prado al juez de Paz, Ángel Martín Chocobar solicitaba que se notifique al encargado de Ñacatimbay, Gustavo Cajal, sobre el desmantelamiento de la misma. Cajal se negó y por esto la planta se salvó del "saneamiento" de Prado.

"Estoy seguro que aquí hay una asociación ilícita, trajeron bandoleros mendocinos expertos para la extracción de caños", sostuvo Heredia y agregó "OSYP y Vera tienen muchos antecedentes delictivos en el sur".

La extracción de 35 kilómetros de caño no es una tarea que cualquiera pueda desarrollar. OSYP S.A. no sería la única participante, Vera S.A. también realizó parte del trabajo. Según se supo, OSYP extraía los caños enterrados y Vera aquellos que se encontraban en la superficie. Lo cierto es que en tiempo record lograron desmantelar un mega gasoducto entre enero y febrero.

"Tenemos audios, mensajes, declaraciones testimoniales firmadas y ya aportamos toda la investigación en colaboración con la fiscalía", agregó el abogado. De esta manera, el representante legal de Fredy Céspedes dentro de la causa del gasoducto asegura que hay más de 15 testimonios, además de los documentos descritos con anterioridad.

Complicidad

Los caños recuperados fueron apareciendo en diferentes puntos del país pero un hecho en particular podría ser la punta del ovillo en lo que respecta a la complicidad dentro de un robo de esta magnitud. "En Tonono, detuvieron un camión con 15 caños que dejaron continuar viaje", relató Heredia.

"Aquí hay complicidad del intendente, de los dueños actuales de los caños, complicidad de gendarmería, es zona permanentemente controlada por inspectores", disparó el abogado y cuestionó "¿Cómo pasaban los controles?".

Un intendente, varios empresarios y la sospecha de una complicidad política que se traduce en la falta de iniciativa en la Cámara de Diputados para dar tratamiento al Proyecto de Intervención de Aguaray. Para Heredia: "Es una asociación ilícita con complicidad política evidente".

En un paraje de Tartagal dejaron la huella del saqueo, una máquina valuada en 250 mil dólares que nadie reclamó hasta el momento.

"Hay gente poderosa involucrada", resaltó.

Una historia vieja: el negocio de la chatarra

La chatarra encierra un negocio millonario, más si se trata de bienes del estado. Los 35 kilómetros del Gasoducto NEA fueron valuados aproximadamente en 13 millones de dólares, de haber logrado el desmantelamiento de la planta Ñacatimbay la cifra sorprende.

"Hay denuncias desde 2017 de micro robos de caños", aseveró Sergio Heredia.

Como ya lo señalamos Prado estuvo involucrado en las operaciones mucho antes de ser intendente. Los allanamientos y testimonios evidencian la planificación que existió, como también lo demuestra la contratación de las empresas mendocinas pese a las denuncias y cuestionamientos que ya existían en su contra.

"Acá hay mucha ignorancia, cuando se planifico el gasoducto se tuvo que hacer un Estudio de Impacto Ambiental y las audiencias públicas obligatorias, las mismas se hicieron en los diferentes puntos que serían afectados. No se entiende como para sacarlo no hicieron nada de esto", finalizó el letrado.

Prado como ingeniero ambiental conoce la normativa vigente para obras de impacto y la presentación de un saneamiento ambiental requiere de estudios y audiencias que no se respetaron, además de que ningún municipio pueda disponer de los bienes que pertenecen al Estado Nacional.