Irregular desde la cuna: la historia del gasoducto que "donó" el intendente de Aguaray

Una promesa de llevar gas a más de 3 millones de argentinos se transformó en un escándalo de magnitud. En 2008 se otorgó la posibilidad de construir un gasoducto que traería gas de Bolivia, a Servicios Vertúa S.A., la empresa de Raúl Vertúa. La obra sería abandonada en 2015, cuando la constructora ya había facturado 733 millones, de los 1.280 que se habían destinado.

En julio de 2017, Clarín recordó el momento donde Vertúa junto a Julio De Vido y Cristina Fernández dialogaban con el secretario general adjunto del sindicato privado del petróleo y del gas de Salta y Jujuy, Alberto Britos, y el ex ministro de Infraestructura, recientemente liberado decía "Che salteño, vení, te presentó a Vertúa, con el que van a trabajar en el gasoducto. ¿Trátenlo bien, eh?".

A modo de comparación, Córdoba contrató avanzó también gasoductos troncales, entre las empresas que intervinieron se encuentra la cuestionada Odebretch, pero a un precio bastante menor, por lo que se levantaron sospechas de sobreprecios.

Mientras el NEA pagaba a Servicios Vertúa 103 dólares el metro/pulgada, los otros fueron valuados en 58 dólares el metro/pulgada, siendo que estos últimos se presupuestaron 3 años después.

Luego de abandonar la obra, la situación del empresario empeoró con la llegada de la "causa de los cuadernos", por la que fue detenido junto a otro grupo de empresarios. En el penal de Marcos Paz, Vertúa negó el pago de coimas, de la misma forma que negó haber realizado "aportes de campaña", figura legal que le sirvió a los empresarios para sortear la cárcel. La excarcelación le fue negada por que fue nombrado por otro de los empresarios que figuraba en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer que complicó judicialmente a Cristina Fernández, actual vicepresidenta de Argentina.

La obra del Gasoducto NEA nunca se terminó. El contrato finalmente se rescindió en mayo de 2017 y se tramita un reclamo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. "Vertúa se fue de Salta dejando una millonaria estafa que la Justicia debería investigar seriamente y sin perder más tiempo", decía el diputado Ramón Villa. Recién en diciembre de 2018 Vertúa fue puesto en libertad pero continúa procesado al igual que Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora, los caños del gasoducto fueron extraídos por la empresa OSYP S.A. con la autorización del intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado. OSYP S.A se constituyó en noviembre de 2018 en Luján de Cuyo, Mendoza, sus titulares son Diego Andres Alos y María Soledad Orozco. Ciertamente no hay registros de los trabajos que haya podido realizar la empresa, pero es quien está a cargo del traslado de los caños "donados" por el jefe comunal.

Prado asegura que cuenta con una autorización "de Ambiente", y que pondrá la documentación a disposición de los fiscales. Además, relacionó a miembros de La Cámpora con la extracción de los caños, por lo que aparentemente este sería solo un capítulo del escándalo.