Alberto Fernández propone que la oposición controle la obra pública: ¿chau corrupción?

Para evitar suspicacias y garantizar la transparencia en la obra pública, el gobierno de Alberto Fernández propone un plan que contempla un "control social" de las licitaciones que estaría a cargo, entre otros, de universidades y también de la oposición. De esa forma, buscaría desterrar los fantasmas que acompañaron al kirchnerismo entre 2003 y 2015 cuando fue gobierno.

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El ministro de Obras Pública, Gabriel Katopodis, expresó en estos días que "además de hacer obras, la gente nos reclama honestidad y transparencia, así que vamos a cumplir con ese compromiso". Ese es el mandato que le pidió el presidente Alberto Fernández a uno de los ministros clave del Poder Ejecutivo para la reactivación económica, pero también crucial en la imagen de un gobierno sin vicios del pasado en materia de corrupción.

Según un paper reservado del Ministerio de Obras Públicas, al que accedió Infobae, Katopodis ya empezó a trazar lo que serán las elementos centrales de su gestión en materia de transparencia. El documento, titulado como "Programa de Fortalecimiento de la Calidad Institucional para la Transparencia en la Contratación de la Obra Pública", se fija al menos cuatro objetivos centrales para llevar adelante en los procesos de contratación de obras.

Ante este escenario bastante oscuro, el "Programa de Fortalecimiento en la Transparencia" que se fijó el ministro Katopodis contempla, según el paper elaborado hasta ahora, cuatros ejes principales:

1- Observatorio Federal de Contratación de Obra Pública. Se buscará crear un "espacio público, plural y abierto de participación", en el que se involucrarán universidades nacionales y privadas, organismos internacionales y miembros de la oposición, dedicados a establecer las herramientas de transparencia e integridad en el marco de las obras públicas. Así, el Gobierno nacional apunta a que las provincias y municipios adhieran a este esquema para tener "una mayor difusión de estas políticas de transparencia, su armonización normativa y la integración de instrumentos de registro y seguimiento de las obras con el objetivo de simplificar la participación de PyMEs constructoras y de facilitar la subcontratación de cooperativas y empresas de la economía social".