Decretaron un nuevo protocolo para el aborto y en horas dieron marcha atrás

El Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) publicado durante la jornada de hoy generó una enorme polémica por la que muchos referentes Pro Vida salieron al cruce del Gobierno Nacional. A través de un tuit, la senadora Nacional, Cristina Fiore trató de "hipócrita, falso y mentiroso" al presidente Mauricio Macri.

"Después de besar el pañuelo celeste y "manifestarse ProVida" nos deja de regalo de despedida una legalización del aborto encubierta que, aparte de ilegal, vulnera lo rechazado en el Congreso", disparó la legisladora. Varios referentes del sector celeste se hicieron eco y la red social del pajarito castigó la decisión.

Seguramente el peso de las críticas alertó al grupo que conduce Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social y Salud, por lo que en apenas 6 horas decidieron dar marcha atrás con este decreto y todo quedó en nada.

Dirigentes del mismo sector cruzaron al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein por algunas actualizaciones. Entre los cambios más importantes se destacaba que las niñas y adolescentes de entre 13 y 16 años podían solicitar la práctica de la ILE sin que se les exija la autorización de los padres o tutores. También establecía que la práctica sobre embarazos de menos de 12 semanas podía ser en forma ambulatoria, con control médico.

"Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", sostuvo Federico Pinedo, presidente del Senado Nacional.

Según consignó TN, el legislador remarcó "el secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional".

El decreto ILE que no fue

En principio para acceder a la interrupción legal del embarazo alcanza con brindar el consentimiento y firmar una declaración jurada que afirma que la mujer fue víctima de una violación o corre riesgo su salud. Entre el pedido y la intervención no pueden pasar más de diez días y la solicitud no puede ser rechazada por ninguna institución de salud, pública o privada, informó Página 12.

Abortar, cuando la gestación es producto de una violación o pone en riesgo la salud o la vida de la persona gestante, es una decisión personal. Y "la decisión de la persona es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas". Así lo establece el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo" en su flamante actualización 2019, que reconoce como antecedente el Protocolo de 2015, "que, a su vez, tomó como base las dos ediciones de la ?Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles' de 2007 y 2010".

En cuanto al otro causal, el Protocolo define como violación a toda relación sexual en la que "la persona, por cualquier causa, no haya expresado libremente su consentimiento (por ejemplo, por estar dormida, inconsciente o bajo el efecto de alcohol o drogas)" y también en aquella con niñas: "toda relación sexual con una niña (menor de 13 años) es una violación".

La definición recoge criterios del Código Civil y Comercial, según el cual las personas mayores de 16 son consideradas adultas "en lo referente al cuidado del propio cuerpo", mientras que las "personas adolescentes de entre 13 y 16 años pueden brindar su consentimiento en forma autónoma si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para su vida o su salud". Las menores de 13 "podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas "allegadas" o referentes afectivos".

Cuando una persona gestante pide el aborto por causal violación "nunca es exigible la denuncia policial o judicial". Solamente se necesita la "declaración jurada de que el embarazo es producto de violación" y "en el caso de las niñas (menores de 13 años) la declaración jurada no es necesaria".

La declaración jurada, por otra parte, "debe ser simple, sin formalidades legales, y no se podrá exigir a la persona que profundice en las circunstancias del hecho o que brinde prueba alguna". El texto recoge algo que la Corte señaló en el fallo FAL: puede haber "casos fabricados", personas que digan que fueron violadas aun cuando no sea verdad, pero eso "no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos". Personas gestantes adultas o menores de edad tengan o no discapacidades pueden acceder a la práctica y deben brindar su consentimiento informado, luego de que el sistema de salud ponga a su disposición información y despeje dudas.

Sobre la objeción de conciencia el Protocolo establece claramente que "la objeción de conciencia es siempre individual y no puede ser institucional", por lo que "los servicios de salud deben garantizar las prácticas que el objetor/a se niega a realizar de manera expresa". La objeción "no puede invocarse para eludir el deber de participar en un procedimiento de ILE" ni nadie más puede practicarla en el establecimiento o si se trata de una urgencia.