El gobierno de Javier Milei dará de baja 60 prepagas: cuáles son

La administración encabezada por Javier Milei inició un proceso de ajuste y revisión en el sector de la salud, con planes de dar de baja a al menos 60 prepagas e intervenir varias obras sociales. Esta medida forma parte de una revisión más amplia del sistema de salud, que busca abordar problemas financieros y administrativos en el sector.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que al inicio de la gestión contaba con 675 prepagas y 291 obras sociales, está llevando a cabo inspecciones detalladas para evaluar la situación financiera y operativa de estos agentes. Entre las prepagas recientemente canceladas se encuentran Prepasa S.A, Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A, que, según la SSS, no habían presentado la documentación requerida, como padrón de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios y estados contables.

En los próximos días, se prevé que la SSS elimine otras 60 prepagas y continúe evaluando la situación de unas 70 adicionales, con un total estimado de hasta 180 prepagas que podrían ser dadas de baja. "Esta decisión tiene como objetivo proporcionar a los beneficiarios un mercado más transparente y ordenado, donde las entidades inscritas existan, compitan y ofrezcan prestaciones de calidad", explicaron fuentes oficiales.

Además de las prepagas, la SSS intervino cuatro obras sociales: la de Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM). Estas intervenciones se realizan debido a deficiencias en la presentación de informes y en la gestión financiera de las entidades.

La intervención de OSPERA, la tercera obra social más grande del país con 759.203 beneficiarios, es una de las más significativas. Esta entidad nunca presentó informes anuales en la SSS y su situación financiera empeoró, con una deuda que aumentó de $26.979.000 en septiembre del año pasado a $43.949.000 en marzo de este año. Además, el 90% de los prestadores registrados no tenía convenios vigentes con la obra social.

El proceso de intervención incluye auditorías para verificar la viabilidad de las obras sociales. Si se detecta inviabilidad financiera o administrativa, se designa un interventor que debe informar sobre la gestión de la entidad y, si es necesario, se activa un mecanismo de liquidación. En estos casos, los afiliados son redistribuidos entre otras obras sociales.