Irregularidades en pensiones por invalidez: dieron de baja más de 120.000 planes

En una medida que promete generar controversia, el Gobierno Nacional decidió eliminar entre 120.000 y 160.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral, como resultado de una auditoría exhaustiva realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta acción responde a la detección de irregularidades significativas en la concesión de estos beneficios, con el objetivo de garantizar que solo quienes realmente lo necesitan continúen recibiéndolos.

La auditoría reveló que, de 2.559 casos revisados, apenas el 7% cumplía con los requisitos necesarios para recibir la pensión. Entre las irregularidades encontradas, destacan la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y la concesión de pensiones a personas que no presentaban una condición de invalidez laboral, lo que evidenció fallas graves en los controles previos.

La decisión de eliminar estas pensiones apunta a corregir un sistema que, según las autoridades, se vio afectado por prácticas fraudulentas y la falta de rigor en la verificación de los beneficiarios. El gobierno busca, con esta medida, focalizar los recursos en quienes realmente dependen de este apoyo para subsistir.

El anuncio generó preocupación entre los beneficiarios, especialmente entre aquellos que temen perder un ingreso esencial en sus vidas. Organizaciones de derechos humanos y defensores de personas con discapacidad manifestaron su alarma ante la posibilidad de que personas en situaciones vulnerables puedan quedar desprotegidas por errores en el proceso de auditoría.

La ANDIS señaló que las personas afectadas podrán presentar la documentación necesaria para revalidar su situación y, de ser pertinente, continuar recibiendo la pensión. No obstante, este proceso de revisión podría generar demoras e incertidumbre para muchos beneficiarios.

La eliminación de hasta 160.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral marca un punto de inflexión en la política de asistencia social del país. Si bien la medida busca corregir abusos y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, también pone de relieve la fragilidad del sistema y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.