Advierten el colapso del sistema para personas con discapacidad en Argentina

El sistema de prestaciones para personas con discapacidad enfrenta un escenario crítico en Argentina. Si bien arrastraba problemas desde la pandemia de COVID-19, el ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei profundizó su deterioro. Prestadores y familias denuncian que la situación llegó a un punto de colapso, afectando directamente el acceso a servicios esenciales.

En diálogo con NuevoDiario, Luis González, referente del sector de la discapacidad en Salta, advirtió sobre el desfinanciamiento de las prestaciones y el retraso en la actualización de los aranceles fijados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según González, los montos presentan un atraso superior al 50%, afectando principalmente a transportistas y terapeutas. "Con lo que les pagan, los transportistas no cubren ni la nafta", expresó.

Los incrementos autorizados por ANDIS en el último trimestre de 2024 quedaron muy por debajo de la inflación y de los aumentos salariales del sector salud. Mientras las prestaciones subieron apenas un 2,31%, los salarios del sector de sanidad crecieron un 11,4% y la inflación marcó un 8,7%.

Otro factor que agravó la crisis fue la desregulación de las obras sociales mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta medida provocó la reducción de coberturas y un aumento en la incertidumbre de muchas familias que dependen de estos servicios para la atención de personas con discapacidad.

Según González, los recortes afectan especialmente a los sectores más vulnerables, quienes dependen del sistema público. "No todos pueden pagar tratamientos privados. En la práctica, esto deja sin prestaciones a los más pobres", afirmó.

En medio de esta crisis, la convocatoria de la diputada libertaria salteña Emilia Orozco para asesorar a personas con discapacidad generó rechazo en el sector. Luis González, también referente de Padres TEA, calificó de "paradójico" que la legisladora, quien antes se mostraba cercana a la lucha de familias con Trastorno del Espectro Autista (TEA), ahora represente al oficialismo que implementa recortes en el área. "Si antes era sí, ahora parece que es no", expresó.

Ante este panorama, el diputado nacional Daniel Arroyo presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia en Discapacidad. La iniciativa busca garantizar partidas presupuestarias para asegurar pensiones y servicios esenciales.

Además, el sector teme un nuevo golpe en el cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado. Actualmente, el cupo está en 1,71% cuando la ley establece un mínimo del 4%. Desde el Gobierno Nacional ya hubo declaraciones que ponen en duda su continuidad.