Son 15 los muertos en las cárceles federales en lo que va del año: quiénes son

Un reciente informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) reveló un preocupante incremento en la cantidad de muertes registradas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante los primeros seis meses de 2024. Según el documento titulado "Muerte en cárceles federales", entre enero y junio de este año se contabilizaron 15 fallecimientos, casi el doble que los 8 casos reportados en el mismo período de 2023.

El fiscal general a cargo de la PROCUVIN, Alberto Adrián María Gentili, destacó que este incremento es "notorio" y debe ser motivo de preocupación y análisis profundo. Las muertes se produjeron en diez cárceles federales diferentes, siendo el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza el más afectado, con cinco decesos. 

Otros establecimientos con registros de fallecimientos incluyen la Unidad 10 de Formosa, el CPF II de Marcos Paz, y unidades en provincias como Jujuy, Chaco, San Juan, Chubut, Salta, Neuquén y Buenos Aires.

El informe de la PROCUVIN ofrece un análisis detallado de las víctimas, donde la mayoría de los fallecidos eran varones (14 de 15), con una edad promedio de 45 años. Siete de ellos tenían menos de 40 años. Además, cuatro de las víctimas eran extranjeras, provenientes de Paraguay, Bolivia y Cuba.

Por otro lado, once de las personas fallecidas tenían condena firme, mientras que las otras cuatro estaban procesadas. Seis llevaban menos de un año detenidas, y cuatro habían pasado más de cuatro años en prisión.

De las 15 muertes registradas, nueve fueron atribuidas a causas no traumáticas, predominantemente relacionadas con problemas de salud. Cinco de los fallecimientos se debieron a causas traumáticas: tres por ahorcamiento, uno por quemaduras y otro por ahogamiento provocado por la ingestión de un objeto extraño. El caso restante sigue bajo investigación.

La PROCUVIN, que desde 2013 registra y analiza las muertes de personas bajo custodia del SPF, marcó la importancia de continuar monitoreando estos casos para entender las circunstancias y modalidades de los fallecimientos en prisión. La tendencia actual muestra un escenario alarmante que exige una revisión de las condiciones en los establecimientos penitenciarios y la implementación de políticas que garanticen la seguridad y la integridad de las personas privadas de su libertad.

Este incremento en la cifra de fallecimientos no solo pone en evidencia las dificultades estructurales dentro del sistema penitenciario federal, sino que también plantea serios interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para garantizar los derechos humanos básicos de los detenidos.